La solución propuesta por el Gobierno nacional a las provincias se ha constituido en el último conejo que el ministro de Economía Sergio Massa saca de la galera, que se ha quedado sin fondo. Y los gobernadores saben que esos $ 230.000 millones que se distribuirán entre las 24 jurisdicciones del país serán un paliativo para afrontar el aguinaldo. No hay solución de fondo. Eduardo “Wado” de Pedro raspó la olla en el Ministerio del Interior para contribuir con los últimos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de la era peronista. Habrá plata hasta el 31 de diciembre, pero nadie sabe qué sucederá luego, cuando Javier Milei asuma como presidente de la Nación, y se mantenga la quita del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de trabajadores y la devolución del IVA, dos impuestos coparticipables.
En Milei los gobernadores (ninguno de ellos responde directamente a La Libertad Avanza) encuentran un frontón. “¿Cómo hago para darle lo que no tengo a las provincias?” “¿Qué culpa tengo yo de los desmadres que ha tenido la administración anterior y lo que han hecho los distintos gobernadores?”, ha respondido el economista libertario que en 10 días asumirá la conducción del país. La solución no saldrá ni de la Casa Rosada ni del Palacio de Hacienda. Vendrá desde el Congreso. Al menos una veintena de mandatarios provinciales comulga con la idea de que la compensación por la caída de la coparticipación, debido a las medidas de campaña de Massa, llegue a través del reparto del 50% de la recaudación del impuesto al Cheque. La otra alternativa es que los recursos surjan de la torta que la Nación se queda de la distribución primaria de los fondos de coparticipación federal. Esta propuesta ni siquiera será analizada por Milei, ya que de aceptarla, le quitaría margen de maniobra fiscal a su administración. Lo que no convence a ningún gobernador es reclamar el reparto de lo que genera el impuesto PAIS. Si el próximo gobierno decide unificar los tipos de cambio, esta fuente de ingresos desaparecerá. Una última vía, tal vez la más extrema, es la judicial. Varios gobernadores anticiparon que recurrirán a Tribunales si no hay compensación financiera.
¿Qué piensa Osvaldo Jaldo de todo este escenario?
El gobernador tucumano fue a Buenos Aires a quemar las naves en el último tramo de una gestión afín a su color político. Ya no son tiempos de promesas. Prácticamente las autoridades actuales han bajado las persianas y no asumen grandes compromisos. Sin embargo, el mandatario provincial mantiene la línea directa con Guillermo Francos, el futuro ministro del Interior, a quién en la cumbre con sus pares del PJ en el Banco Provincia le indicó que Tucumán necesita terminar con la unidad carcelaria de Benjamín Paz porque esa obra beneficiaría a la Nación, al alojar presos federales. La respuesta del futuro funcionario ha sido afirmativa. Pero, como dicen los mismos peronistas, del dicho al hecho, hay un trecho. “Nuestro gobierno no va a ser de persecución de ningún tipo”, aclaró el flamante ministro del Interior de Milei, teniendo como testigos a los industriales argentinos.
Más allá de la buena voluntad política, los números no cierran. Tanto Jaldo como su ministro de Economía, Daniel Abad, han dicho que las medidas adoptadas por Massa en campaña le costarán a la provincia unos $ 78.000 millones el año que viene. En otros términos, 2024 arrancará con una planilla salarial mensual menos en la proyección fiscal.
El impacto en la coparticipación es presente. En noviembre, se redistribuyeron entre las provincias casi $ 1,5 billón. Si bien se trata de un nuevo récord de envíos en moneda corriente, sufrieron una caída real muy profunda.
En la comparación contra igual mes de 2022 muestran una variación nominal del 125,8% (en noviembre de 2022 los envíos fueron por $ 688.634 millones). Sin embargo, al descontar la inflación del mes de análisis (proyectada en 11,5% según proyecciones privadas y propias), la variación real mostró un fuerte retroceso del -12,4% (la caída real en Tucumán ha sido del 13,7%), la más severa en más de tres años, específicamente desde julio del 2020 en plena pandemia del Covid-19, alerta un reporte elaborado por Politikon Chaco.
“Ganancias explica fundamentalmente la caída general: el impacto de las últimas medidas del Ministerio de Economía profundizó su contracción y generó que los envíos por este concepto desciendan 31,8% en términos reales contra igual mes del año anterior”, detalla la consultora. Por su parte, el IVA vuelve a mostrar subas pero en niveles más moderados (5% en términos reales) y no logra compensar la caída de Ganancias.
Un informe preliminar que manejan los ministros provinciales de Economía sostiene que por la quita de Ganancias, el impacto fiscal entre noviembre y diciembre será cercano a los $ 327.527 millones. En ese bimestre, Tucumán resignaría $ 8.783 millones que los recuperará a través de la ayuda pactada con el Gobierno nacional.
Este comportamiento de los ingresos nacionales, la base que sustenta el funcionamiento del Estado provincial, sumado a lo que se prevé que se generará a través de las modificaciones aplicadas en el sistema tributario provincial no logran equiparar el nivel de gastos que se prevé para la provincia. Por lo tanto, Jaldo dará una vuelta de tuerca más a las cuentas públicas, de tal manera de asegurar que la austeridad se cumpla, en medio de la incertidumbre que aún persiste porque Milei no ha dado a conocer medidas que tiendan a reacomodar la macroeconomía, mucho menos la relación fiscal con las provincias. Hacia el futuro, ya no habrá magia, mucho menos emisión monetaria. El camino es costear los gastos con los ingresos que se generan en cada distrito.